El Universal
Desde el pasado viernes hasta el domingo de una cumbre en el Vaticano con los presidentes episcopales de todo el mundo que han tratado el problema de la pederastia en el interior de la jerarquía católica constituye un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia y como tal debe ser valorado.
Se trata de delito a escala global que afecta tanto a los católicos como a decenas de países donde se han producido durante décadas los delitos que han sido ocultados a sus sistemas judiciales.
Consciente de la gravedad de la situación, el Papa Francisco convocó a los máximos representantes católicos de cada país con la intención de enviar un mensaje de que va a poner fin a la política del encubrimiento que una parte de la jerarquía ha practicado con sacerdotes y religiosos que han abusado de menores.
Así, en la apertura subrayó la necesidad de adoptar “medidas concretas y eficaces”. Sin embargo, resulta necesario decir que el encuentro ha concluido sin plantear soluciones que hagan real la voluntad del Papa de acabar con los abusos.
No se asegura, por ejemplo, algo tan elemental como que todas las diócesis tengan la obligación de trasladar a los tribunales ordinarios los casos que conozcan. El propósito inicial ha quedado en un compromiso de que “la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a quienes hayan cometido tales crímenes”.
La conducta de quienes rompen el celibato y tienen relaciones sexuales consentidas con un adulto —lo cual no es un delito en los sistemas democráticos— con los abusos a menores, que constituyen un delito será penado con años de prisión.
Considerar que la actual normativa interna es suficiente y que bastará un cambio de mentalidad para erradicar un problema tan grave probablemente no sea suficiente. Ese cambio de mentalidad difícilmente vendrá sin medidas claras y contundentes que lo empujen.
Medio informativo de estudiantes de la Licenciatura en Comunicación.
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